Los desaparecidos en el limbo

En los últimos días, una resolución de la ONU (que apenas ha trascendido entre la opinión pública, tal vez por la actualidad de la huelga de limpieza en Madrid, o porque apenas preocupe en los mentideros patrios), insta al gobierno de España a tomar medidas correctoras en el plazo de un año para subsanar la pasividad y desdén en cuanto a los desaparecidos.

  Los pasados días 5 y 6, España era examinada por el Comité contra la Desaparición Forzada perteneciente a la ONU. Tras recabar información, escuchar a expertos y testigos, y analizar la famosa Ley de Amnistía del Gobierno Suárez, dicho comité ha resuelto que antes del 15 de noviembre del próximo año, nuestro país debe informar en cuanto a:

  - Si ha tomado decisiones para dejar sin efecto la Ley de Amnistía del año 1977, y para investigar las desapariciones forzosas cometidas durante todo el periodo franquista.

  - Si va a eliminar de la futura reforma de enjuiciamiento criminal la detención incomunicada.

  - Si va a dotar de recursos económicos, técnicos y de personal para la tarea de búsqueda de los desaparecidos.

  A día de hoy, creo que nadie ha escuchado una sola palabra de algún representante gubernativo en torno al asunto. Y eso que España es uno más de los 40 países que en su momento firmó a favor de la Convención Internacional contra Desapariciones Forzosas. En algún punto del articulado, el Comité indica que "el delito por desaparición no prescribe hasta cesar la desaparición forzada, es decir, que la persona aparezca con vida, se encuentren sus restos, o se restituya su identidad". Algún experto del Comité va mas lejos y dice: "La ley de amnistía española fue una legislación "pacificadora", pero más de 30 años después no puede constituir un obstáculo para la justicia. La justicia está vinculada necesariamente a la verdad, y la verdad es hija del tiempo".

  La Ley de Memoria Histórica del año 2007 vino a ser más bien un acto de buena voluntad que la solución al reclamo de tantísimos familiares de víctimas que desde mucho tiempo atrás pedían la intervención del Estado, pues contrariamente a las exigencias de ahora por parte del Comité, sólo venía a reconocer el dolor de las víctimas y al derecho de éstas a sacar a sus muertos de las cunetas o fosas comunes y a enterrarlos debidamente, pero con sus propios medios.

  Sinceramente, la resolución del organismo con sede en Ginebra, puede dar pie a discusiones acaloradas en cuanto a la conveniencia o no de hacer tabla rasa de la famosa ley de amnistía (imprescindible entonces para que la transición despegara), sin duda; no obstante, en lo concerniente a poner los medios económicos, técnicos y humanos para rescatar los cuerpos sepultados anómalamente, y que son reclamados por sus familias, creo que es un acto de justicia social. Ningún país democrático de nuestro entorno mantiene desaparecidos tras un conflicto (150.000 en nuestra querida España, según algunos estudiosos del conflicto bélico).

  Para terminar digo tajantemente que una guerra debe ser una de las cosas más estúpidas y horrorosas que puedan ocurrir. La nuestra, la Guerra Civil, fue el resultado del odio atroz entre dos bando enconados, irreconciliables. Por entonces, como en Europa, no había término medio: o azul o rojo, o estabas con la extrema derecha o con la extrema izquierda, no existía el espacio para la mesura. En cierta manera, nuestra contienda supuso el preámbulo de la Segunda Guerra Mundial, y nuestro espacio geográfico pasó a convertirse en un terreno abonado para la probatura de nuevo armamento y tácticas militares por parte de las potencias que participarían poco después en la lucha por unas ideologías inadmisibles hoy día.

  Apostilla: ¿Quieren saber que hará España? Probablemente nada, aunque yo abrigo una pequeñita esperanza de que el Sr. Rajoy tome cartas en el asunto. Nuestro presidente, con casi toda seguridad, sólo asumirá la responsabilidad con la Historia cuando esa misma resolución se la imponga la UE a través de algún organismo jurídico, como el ahora famoso Tribunal de Estrasburgo; entonces sí, ese día correrá para celebrar un consejo de ministros extraordinario en el cual ordene una dotación presupuestaria extra, además de conminar al ministro o ministros implicados para que remuevan los anquilosados resortes del Estado, y así restituir la honorabilidad de las víctimas y hasta su reconocimiento, como sí han tenido los asesinados en el bando llamado nacional; todo cuanto haga falta con tal de contentar a las autoridades europeas que son quienes deciden si comeremos más o menos. ¡Bendito dinero!