Parece que al Gobierno le han entrado las prisas para acometer en profundidad la tan cacareada "regeneración política", y está dispuesto a poner en marcha, solo o en compañía de otros -más bien me inclino a pensar en lo primero merced a su abrumadora mayoría-, transformaciones de calado tanto tiempo demandadas por la sociedad, o esa es a bote pronto la percepción que ellos deben tener. Claro que llama mucho la atención esa súbita urgencia por poner en marcha acciones tendentes a preservar un cierto dominio de los gobiernos municipales, me refiero, claro está, a que el alcalde electo sea el más votado en los comicios locales.
Es llamativo todo cuanto viene sucediendo desde las pasadas elecciones europeas de mayo, ese temor próximo al paroxismo cuando un partido con vocación de gobierno recela de sus auténticas posibilidades en la próxima cita electoral del venidero mayo. Y ahí están, dándole de lo lindo al grupo sorpresa de Podemos, mientras se visten ahora con la piel de cordero para ensalzar hasta no hace tanto al "maquiavélico" sr. Rubalcaba que ha decidido retirarse.
Cabría reflexionar en cuanto a la propuesta de los Populares. Al primer vistazo no parece descabellado optar por el aspirante más votado si no hay una mayoría suficiente; suena hasta sensato. Ahora bien, si eso es así, ¿deberíamos de prescindir para siempre de algo tan legítimo como son los pactos entre distintas fuerzas políticas? A mí me parece tan lícita una opción como la otra. Sí cabe recalcar a modo de recordatorio que, nuestro sistema de escrutinio se rige por la Ley D'Hondt, aceptable fórmula que ya favorece a la lista más votada y sucesivas; es decir, que grosso modo, un partido con algo más de un 42% de las papeletas, es fácil que le den para sacar más de la mitad de los cargos elegidos, y sin embargo no haber llegado a la mitad de las validadas, previamente introducidas en las urnas. Ahí estaría el resto de las formaciones que juntas rondarían el 58% de los votos. Llegados a este punto de optar por la lista más votada, ¿qué hacemos, una segunda vuelta donde sólo pujen las dos fuerzas más votadas y dejamos fuera al resto de contendientes -representantes legítimos de los ciudadanos-, acaso alguno de ellos con un porcentaje por encima del 20%? ¿Si optamos por la lista más votada renunciando a la segunda vuelta, prescindimos de la Ley D'Hondt y aplicamos un nuevo reparto?
A mi modo de entender, el PP tiene un serio problema de credibilidad fuera de su espacio de influencia, de ahí -y es ahí donde está el meollo del empeño para sacar adelante su propuesta- que le resulte tan complicado llegar a acuerdos de gobierno con otras fuerzas. Existe la percepción de que a sus competidores les resulta más sencillo alcanzar acuerdos programáticos para asumir la gobernabilidad de turno, mientras que los primeros, cuando no obtienen la mayoría absoluta, estuvieran casi siempre condenados al desalojo de los gabinetes en disputa. Si esto es como digo, tal vez deberían de reflexionar en profundidad y llegar a conclusiones con más enjundia que la socorrida del mero quitarnos a nosostros para ponerse ellos, aunque ellos a veces sean más del 50%. Claro que uno de los motivos para la desconfianza sea quizá esa idea de apostar por la transparencia y regeneración política, colisionando, día sí y día también con su manera de proceder, al menos en la esfera del Ejecutivo del sr. Rajoy. Sin ir más lejos y como muestra el ejemplo, ahí tenemos la reciente convalidación en solitario por parte del PP de la Ley Ómnibus de medidas para el crecimiento, competitividad y eficiencia. Un Proyecto de Ley que iba a ser Decreto Ley con 47 artículos que afectan a 26 leyes de distinto pelaje y a nada menos que 9 ministerios. Una Oposición unida e indignada le echó en cara a la bancada azul su negación a la dialéctica parlamentaria con la excusa de las urgencias del momento. La protesta fue tan airada que el PP optó por renunciar al Decreto Ley -es revelador que sea el actual Consejo de Ministros el que en promedio más ha utilizado este recurso desde la reinstauración democrática, lo que evidencia la alergia del sr. Rajoy al debate parlamentario-.
Si esto es regeneración y mano tendida, yo no entiendo nada. Y que conste que algunas de las medidas que se pretenden poner en marcha son interesantes. No así el conglomerado de acciones a acometer, todas en el mismo saco, como la privatización del Registro Civil, la regulación de los drones, la transformación de faros en locales de restauración, la privatización parcial de AENA o las bajadas del IRPF a autónomos. ¿Qué tienen que ver unas cosas con otras y las urgencias impidiendo al resto de grupos un análisis más exhaustivo? Lo que no es admisible es la argumentación de la sra. Sáenz de Santamaría aludiendo a las prisas para poner en marcha este Ómnibus, pues los parados no pueden esperar más tiempo. ¿Si han tenido paciencia los últimos años con los recortes, no la iban a tener un par de semanas más una vez se hubiera valorado cabalmente todo este conglomerado de complicada coherencia?
Acciones y discursos como éstos son los que generan el rechazo generalizado hacia los políticos y la duda constante en cuanto a las pretendidas regeneración y transparencia. No deberían extrañarse en absoluto de que una parte importante de los votantes hayan optado por Podemos; y ya se verá si no surgen nuevas formaciones. Me parece que se les ve mucho el plumero.
Parece ser que en Canarias andan soliviantados con su paisano el sr. Soria, a la sazón ministro para Industria, Energía y Turismo -vaya paradoja esta de las tres ramas juntas-; bueno, al menos una parte estimable de la población, pues los votantes del PP, o para ser más preciso, los dirigentes populares, sí parecen estar a partir un piñón con el presidente del Partido desde 1999 en aquellos lares, quien se muestra alborozado con el dictamen aprobatorio de la Justicia para abordar las famosas prospecciones en aguas atlánticas de la costa insular. Por su parte, una abrumadora mayoría de canarios muestran su enfado y estupor ante el inminente desembarco de Repsol, la emblemática sociedad encargada de buscar en medio del océano Atlántico un filón de oro negro. Con el sentido común por bandera, quienes repudian el proyecto, estiman que sólo los sondeos ocasionarían un serio daño a su principal fuente de ingresos, el turismo; no digamos si las perforaciones dieran con el hallazgo de petróleo a escasos kilómetros de la costa, entonces podrían desbaratar completamente el negocio de acoger a millones de visitantes a lo largo del año.
El sr. Soria afirmaba el invierno pasado que el asunto de las prospecciones venía de atrás, vamos, que la autorización la había dado el gobierno del sr. Zapatero, y que ellos, los miembros del actual gobierno, se limitaban a cumplir escrupulosamente con la legalidad. A lo que se ve, con la llegada canicular, al Ministro le ha dado el arrebato de la sinceridad y ya no esconde sus deseos ardientes de dar con el preciado tesoro. Habría que precisar llegado el éxito final que, salvo error -se admiten correcciones-, los ciudadanos de a pie seguiremos pagando un precio parejo al actual para hacernos con el combustible, por la sencilla razón de que Repsol es empresa privada y trataría de sacar el máximo rendimiento a su inversión millonaria, además de que el Estado no iba a renunciar a impuestos tan suculentos.
En Baleares el panorama no es exactamente el mismo que en las Canarias, pues aquí, el sentir unánime es de rechazo frontal a las hipotéticas prospecciones pendientes de autorización, incluyendo a los mandatarios populares que ya han advertido al sr. Rajoy de tamaño disparate, si bien con la boca pequeña por aquello de no incomodar en demasía -tal vez quien preside el Govern abriga una pequeña esperanza de ser ministro, ¿y por qué no en sustitución del de Industria, Energía y Turismo?
Quien ha hecho un daño colosal a las cuencas mineras del Bierzo y de rebote tal vez esté poniendo punto y final a la Ciuden, proyecto emblemático de I+D+i, se decanta sin miramientos por la otra alternativa fundamental de origen fósil cual es el petróleo. El isleño es incapaz de ver más allá del tremendo daño que se le podría ocasionar al turismo y al medio ambiente, y sigue empecinado en el cortoplacismo patrio -vaya con la palabreja-, sin explorar otras alternativas más limpias y de futuro como las energías renovables, aunque las investigaciones y material sean caros en principio -en su momento también lo fueron los primeros ordenadores, móviles e incluso las televisiones, y ahora se venden a precios razonables-. El petróleo es finito y su precio baila al son que bailan los jeques árabes, las guerras, los magos de las finanzas y los lobbies o grupos de presión, desvirtuando a su antojo los precios del carburante. Pero, además, hay vigente una directiva que de aquí a pocos años habrá de cumplirse a rajatabla en lo referente a la reducción de emisiones de CO2 a la atmósfera, y aquí sin enterarnos, a pesar, en opinión de expertos en materia, que vaticinan un filón de miles de puestos de trabajo si se apuesta por las energías limpias.
Claro que hay una hipótesis con visos de convertirse en real bajo mi punto de vista: al sr. Soria, una vez fuera del Gobierno, será difícil que lo veamos formando plantilla de una de las empresas eléctricas de referencia por obvias razones de confrontación y trifulcas mil. Pero, ¿por qué no podemos imaginárnoslo sentado en algún consejo de administración de una petrolera, acaso Repsol? El canario -se admiten apuestas- tiene todos los números de la tómbola para ser uno más de los que se aprovechen de la puerta giratoria en cuanto pasen los meses pertinentes, aunque tal vez esté equivocado. En fin, el tiempo lo dirá.
